Conforme el decreto 365/17 el Gobierno confeccionará una gigantesca base de datos en la que constarán en detalle el perfil, el salario, la afiliación gremial, nivel de estudios, datos presupuestarios del cargo, sus licencias médicas o de otro tipo, las no usufructuadas, si tuvo ausencias injustificadas, su evaluación de desempeño, si tiene otros empleadores y cuál es el grupo familiar a cargo de los más de 740.000 empleados nacionales.
La norma contempla sumar a las provincias y a los municipios, de manera que las nuevas medidas tienen el potencial de alcanzar a unos 4.000.000 de trabajadores. Se ordena la creación de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) y se va a nutrir de la información suministrada por el sistema de liquidación de haberes del Ministerio de Hacienda (Sirhu), el Sistema de Administración de Recursos Humanos (Sahra), el módulo de Legajo Único Electrónico (LUE) del Sistema de Gestión Documental Electrónica y la información brindada por otros organismos.
Se establecieron 90 días para suministrar información de todos los agentes y para demostrar que va en serio, se informó que aquel organismo que no cumpla podría sufrir sanciones (no podrían contratar personal, acceder a modificaciones presupuestarias (el mecanismo previsto para redireccionar partidas de una cartera a otra) y hasta frenar los pagos a cierto tipo de trabajadores.
La creación del BIEP busca convertirse en "la fuente para la implementación de políticas de recursos humanos a largo plazo, servirá para el desarrollo de investigaciones de empleo con cifras exactas" y les permitirá "responder a la demanda de recursos de los organismos de manera eficiente".
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